DOS POLICIAS ACUSADOS DE ASALTAR, GOLPEAR Y VIOLAR A UNA MUJER EN MORENO

PRECINTO56-El 29 de noviembre pasado, a la misma hora en la que sus familiares, vecinos, amigos y organizaciones sociales marchaban para exigir justicia por su caso, Zulema Soto (55) ingresaba a la UFI 3 de Moreno-General Rodríguez.

Debía reconocer a los cuatro detenidos por su caso en allanamientos realizados por la Policía Bonaerense en General Rodríguez. Anteriormente le habían mostrado fotos de más de 100 sospechosos, con resultado negativo.

Zulema no reconoció a ninguno de los cuatro arrestados. Rápidamente dos serían liberados; los otros dos permanecen detenidos, pero por las distintas armas que les encontraron en los operativos. No hay pruebas para imputarles el delito denunciado por Soto, según le confió a Clarín la fiscal Luisa Pontecorvo.

Zulema exigió desde un principio que se le mostraran fotos de los policías de la comisaría 1° de Moreno. Decía estar convencida: los cuatro hombres que la habían torturado y violado en su casa de Francisco Álvarez, el 16 de noviembre, “se movían como hombres de fuerzas policiales”. El 11 de diciembre, por fin, la fiscal Pontecorvo le mostró fotos de 46 policías. Soto reconoció y señaló a dos como sus atacantes: un oficial subayudante y un oficial. Ayer por la mañana sus familiares y vecinos volvieron a marchar: fueron a la comisaría y a la UFI, a exigir la detención de los policías.

La historia había comenzado antes del episodio sufrido por Soto. El martes 14 de noviembre, Juan José Hoyos (28), su hijo, fue víctima de una salidera bancaria, en Moreno. Tres ladrones lo siguieron a la salida de un banco de la zona y le robaron 50 mil pesos que acababa de extraer para pagar la transferencia de un rodado que había adquirido. Fue cerca del mediodía. Automáticamente se dirigió a hacer la denuncia a la comisaría 1° de Moreno.

Además del dinero, por recomendación de la gerencia del banco, ante la Policía denunció el robo de la documentación del plazo fijo que había abierto por una importante indemnización recibida por un accidente de trabajo.

“Lo hice y me exigieron que les dijera el monto del plaza fijo. Les respondí que con saber el código alcanzaba para que me dieran el comprobante, pero se pusieron molestos y accedí. No me quedó otra”, contó Hoyos sobre la actitud de los policías.

Cuarenta y ocho horas después, cuatro hombres entraron armados a la casa de Hoyos. En el lugar solo se encontraba Zulema.

“Queremos la plata del plazo fijo”, le gritaban. Mientras parte de la banda revisaba toda la casa, la apuntaron en la cabeza con una pistola calibre 9 milímetros, la golpearon con una tonfa (el bastón que usan los policías) y la hicieron caminar sobre vidrios de botellas rotas. La cortaron en la espalda, los brazos y en las piernas. Uno de los cuatro la penetró, y Zulema perdió el conocimiento. Después descubrió que se fueron sin robar nada. Cuando despertó notó que tenía marcas de cigarrillos en el pecho.

Su hijo asegura que ella se encuentra muy mal. Que le cuesta dormir, que vive con miedo, que tiene dolores y debe enfrentar un tratamiento psicológico.

Desde el día del hecho viven de prestado, fuera de la provincia de Buenos Aires. Reciben amenazas por redes sociales y un viernes, a la salida de la DDI de Moreno, le hicieron señas amenazantes desde una camioneta blanca.

Ayer, Eduardo Alegre, abogado de la víctima, fue recibido por la fiscal. Según pudo saber Clarín, la UFI ya solicitó las copias de los libros de guardia del día y la hora del hecho, que fue a las 10 de la mañana.

Ese 16 de noviembre el oficial subayudante reconocido por Zulema habría comenzado a prestar servicio desde las 15. Mientras que el otro oficial habría estado cumpliendo tareas de recaudación en la Municipalidad de Moreno.

La carátula es “abuso sexual con acceso carnal en concurso real con tortura”. A los primeros cuatro detenidos no se les encontraron elementos para acusarlos por la salidera bancaria (Hoyos no los reconoció) ni por la tortura y violación.

“La fiscal citó a declarar para el 5 de enero al recaudador y a la titular de la tesorería para comprobar si efectivamente uno de los oficiales estuvo ese día trabajando en la Municipalidad.

También se solicitaron las cámaras del lugar”, aseguró Alegre. Y agregó: “En el caso del oficial subayudante la defensa pidió la apertura de antenas para saber dónde se utilizó su teléfono a la hora del hecho. Pero lo que creemos es que se mide con distinta vara: a los primeros cuatro detenidos se los detuvo y se los sometió a una rueda de reconocimiento. Con los policías no pasó lo mismo. Nosotros creemos que una rueda de reconocimiento (la víctima los señaló por fotos) sería fructífero hasta para ellos. Mi defendida no tendría problemas en no señalarlos, si es que no los reconoce”.

“Legalmente están indicados por una diligencia de la víctima; por el momento con eso no alcanza para que queden detenidos”, explicó la fiscal Pontecorvo a Clarín, por teléfono. “Hay que esperar los resultados de los análisis de huellas y se les extraerá sangre. Esa prueba será fulminante, entre otros elementos de prueba solicitados”.

“La fiscal nos dijo que no le alcanza el reconocimiento fotográfico de mi mamá para detenerlos. Pero con los cuatro primeros detenidos sí lo hicieron, sin investigación previa. En todo este tiempo se me acercaron vecinos para contarme hechos similares. Uno de Francisco Álvarez me habló de policías que entraron a su casa supuestamente buscando a un ladrón, le revisaron la casa y le encontraron 200 mil pesos que tenía. A las 48 horas le hicieron una entradera y se llevaron el dinero. Pero no hizo la denuncia por miedo. Dice que no quiere irse del barrio, como tuvimos que hacer nosotros”, concluye Hoyos.